Derechos Humanos advierte retos de la justicia transicional

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La justicia transicional puede ser una vía que permita solucionar muchos de los retos que enfrenta el país, pero no es una panacea o receta única para tales afectos, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Durante la presentación del Informe: Justicia Transicional en México, una guía para elaborar una propuesta de política pública, dijo que la ruta para su implementación, en caso de que decida aplicarla, no será sencilla ni exenta de obstáculos.

Ello, dado que implica la instalación e implementación de nuevos mecanismos y requiere del fortalecimiento de las instituciones democráticas que ya integra el aparato estatal.

En entrevista comentó que el Informe se lo entregará a la Secretaría de Gobernación (Segob), además de que se hará una amplia difusión del mismo, incluido los 32 gobiernos estatales, dado que “son actores, no los olvidemos y tienen una gran responsabilidad”.

“En México no sólo requerimos pacificar, debemos desarrollar una cultura de paz”, añadió González Pérez, quien dijo que el país necesita de una genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de paz.

A pregunta expresa, consideró que se debe limitar la participación de las fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. “No es nuevo lo que estoy diciendo, tal es así que impugné la Ley de Seguridad Interior”, recordó.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que el proyecto es “la hoja de ruta si se quiere entrarle en serio, pero de manera armonizada a una justicia transicional sin generar expectativas y sin un divorcio con la institucionalidad”.

Detalló que uno de los retos del país es generar las posibilidades que permitan la implementación de la justicia transicional y entender que su viabilidad y resultados dependen de que se implemente de manera integrada.

La justicia transicional busca atender las causas, las consecuencias y el legado de un fenómeno de violencia de alto impacto a gran escala, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que la ocasionaron con miras a la consolidación de una democracia constitucional, dijo el Sergio López Ayllón, director general del CIDE.

La justicia transicional por sí misma no puede atender los problemas de violencia en el país, sino que tiene que ir acompañada de medidas y políticas prospectivas que atiendan las causas estructurales de la violencia como la pobreza, corrupción, impunidad, debilidad institucional, entre otras, añadió el directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y analista internacional, destacó que no hay procesos de justicia transicional sin justicia, verdad, reparación del daño y garantía de no repetición del daño, y que en temas de justicia, la solución no puede encontrarse en una sola herramienta o en un solo camino.

Actualmente, dijo, “tenemos un modelo (de justicia) muy mal diseñado, no nada más por el universo, sino por el apego a la judicialización de la reparación (del daño). Tenemos que crear modelos de reparación administrativa, clara, simples que no revictimicen a las víctimas”.

Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, expuso que la justicia transicional debe construir las condiciones para construir un Estado democrático de derecho y no sustituye a las instituciones ordinarias de justicia.

El documento elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destaca la posibilidad de poner en marcha un sistema de justicia transicional dentro del marco constitucional y legal, y sugiere crear un mecanismo rector interinstitucional con un mandato amplio sobre esta política,

Además, propone la creación de un órgano independiente de supervisión, seguimiento y evaluación de medida reparación e incorporar a actores internacionales que coadyuven al proceso, presten asistencia técnica y complementen a las instancias nacionales.

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